Podemos Cantabria insiste en su reclamación a la Consejería de Educación, del PP, para que cumpla y haga cumplir la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), poniendo coto con ello a las cuotas ilegales que los centros concertados vienen aplicando a las familias.

Para la formación progresista, la fortaleza de su reclamación se apoya en el texto de la Ley, que “no da lugar a dudas a este respecto, ya que en su Artículo 88, de Garantías de gratuidad de la LOMLOE, dice”:

1. “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos.
2. Las Administraciones educativas (…) establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo”.

En este sentido, el secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha declarado que, según el INE, “en el curso 20-21, último del que se tienen datos, las familias cántabras desembolsaron de media 742 euros en concepto de cuotas ilegales y nos consta que, a día de hoy, esta práctica se sigue llevando a cabo, pudiendo haber aumentado dicha cantidad”, añadiendo que “no puede ser que se cobren cuotas a las familias por los arreglos en las infraestructuras, lo cual vulnera la expresa prohibición de la LOMLOE, ni abonos extras en concepto de actividades cuyo fin es, antes que nada, dejar fuera al alumnado cuyas familias no pueden costeárselo”.

Para González, “son especialmente estas familias las que llevan soportando esta situación durante mucho tiempo, y ahora que la ley les protege es hora de que el consejero de Educación, Sergio Silva, se tome en serio las denuncias que las asociaciones de madres y padres, así como diversos medios de comunicación y sindicatos, llevan años realizando”. “Póngase a trabajar, señor Silva, en salvaguardar los derechos del alumnado y de sus familias, tal como le obliga la Ley”, ha apostillado el responsable morado.