Podemos Cantabria

Podemos controlará que se cumpla la Ley de Transparencia para atajar la corrupción

Podemos controlará que se cumpla la Ley de Transparencia para atajar la corrupción

Podemos controlará que se cumpla la Ley de Transparencia para atajar la corrupción

El diputado de Podemos Cantabria, Alberto Bolado, ha defendido hoy durante la sesión plenaria el trabajo realizado por Podemos Cantabria en la Ley de Transparencia, “en la que el 80% de las propuestas son de nuestro partido”. Además, cree que esta ley “podría ser mucho mejor si el Gobinero hubiera tenido la valentía de incorporar las enmiendas que presentó Podemos en abril de 2017, que la habrían hecho más sólida”.

Bolado ha señalado que la aprobación de esta Ley es una buena noticia para Cantabria “Hoy vamos a aprobar en este Parlamento un proyecto de ley que es tan nuestro que lo sentimos como propio. Es sin duda una buena noticia que en Cantabria el acceso a la información pública esté garantizado en una ley y, pese a que llega tarde, y existen algunos aspectos que consideramos muy mejorables, el balance solo podemos calificarlo como positivo. Incluso, y sin que sirva de precedente, he de decir que hemos tenido buena sintonía con el gobierno durante su tramitación”.

El diputado de Podemos ha afirmado que hoy se aprueba una Ley de las que cambian Cantabria. Una ley que tendrá efectos significativos en la información pública a la que pueden acceder los ciudadanos y, por tanto, cambia de alguna manera la relación de estos con la administración. “Hoy no debatimos una Proposición No de ley de esas a las que somos tan aficionados, ha dicho, que en realidad son un engaño a la ciudadanía que cree que lo que aquí se aprueba tiene efectos jurídicos cuando no es cierto. Pero hoy sí. Hoy vamos a sacar adelante una ley que regula una materia vital para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”.

Alberto Bolado ha explicado que las enmiendas de Podemos que se han quedado fuera, “hubieran enriquecido el texto”. Estas enmiendas hacen referencia a que las cuentas fuesen abiertas, el derecho al anonimato, el régimen sancionador y la creación de un registro de lobbies.

Una de las enmiendas que no se han recogido en la ley es la referida a que se declaren abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas a nombre de la administración pública o sus entes. Para Alberto Bolado no hay excusas para no introducirla, puesto que la Ley de Protección de Datos permite codificar la información de manera que los datos personales de las personas físicas no sean públicos.

La transparencia en las cuentas abiertas ha sido una propuesta de Podemos a nivel de todos los parlamentos autonómicos, habiendo sido aprobada una ley específica al respecto en la Comunidad Valenciana. La publicidad de las cuentas bancarias, incluyendo sus movimientos bancarios, supone una garantía fundamental para el cumplimiento de la función de evaluación de políticas públicas, un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción y para la promocionar una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos y de su gestión en coherencia con los principios que inspiran la norma.

Tampoco se ha permitido incorporar a la Ley el derecho al anonimato, “algo que no tiene sentido puesto que saber los datos de la persona que necesita consultar algo o denunciar alguna irregularidad no aporta nada. Podemos cree, más bien, que no se ha contemplado por miedo a que se pueda controlar a las administraciones públicas”.

Lo que busca Podemos es que la ciudadanía pueda acceder “sin trabas” a todo el flujo de trabajo que se realiza desde la administración pública. Además, indican que el derecho a mantener el anonimato cuando la identificación del solicitante no sea necesaria para procesar la solicitud, es un estándar internacionalmente reconocido. El propio CGPJ así lo reconoce en el acuerdo de 2014 en el que se aprobó el protocolo para la gestión del acceso a la información por parte de los ciudadanos. Concretamente manifiesta que el derecho a acceder a la información pública es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

En cuanto al régimen sancionador, algo que ya tenían comunidades como Cataluña, Andalucía y Murcia, desde Podemos consideran que el hecho de que no se establezcan consecuencias jurídicas por el incumplimento de la norma hace que pueda quedar en nada. Además, “es un agravio comparativo entre políticos y administración con la ciudadanía de a pie que es perseguida por tierra, mar y aire hasta por cantar”.

La norma cántabra tampoco ha incorporado el registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica que actúan con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal o autonómica, en el diseño de políticas municipales o autonómicas o en la toma de decisiones de las entidades públicas locales o regionales, así como sus organismos autónomos.

Hoy en día, explican, la mayor parte del lobby que se practica en nuestro país es profesional y legítimo y son los primeros interesados en que se regule esta actividad y se la dote de transparencia con el fin de que los ciudadanos conozcan verdaderamente en qué consiste y se ponga las cosas más difíciles a los que se dedican a conseguir cosas rozando el tráfico de influencias, o mediante la extorsión, el chantaje o el acoso a las personas que finalmente tienen que tomar una decisión.

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