“Resulta paradójico que el Gobierno de Cantabria, que es quien ha provocado esta situación, eluda responsabilidades y tan sólo ofrezca a las familias una línea de ayudas con unos requisitos que ni tan siquiera cumplen”.

Izquierda unida y Podemos denuncian el total “abandono institucional“ que sufren vecinos y vecinas del número 6 de la calle Ronda Garcilaso en Torrelavega, a raíz de la situación insostenible que padecen en sus viviendas desde hace cuatro años.

Dichas viviendas se encuentran en un estado lamentable: apuntaladas en distintos tramos para evitar derrumbes, con ventanas que no cierran y puertas que no encajan, con el ascensor clausurado, y con daños estructurales y vigas que han cedido. Este es el marco en el que se desarrolla de manera cotidiana la vida de las familias de este edificio, personas que se han visto afectadas por las obras del local de las oficinas del ICASS.

“El Ayuntamiento tendría que haber actuado de una forma firme desde hace tiempo, y no haber permitido que la seguridad de los habitantes del inmueble haya estado comprometida durante tanto tiempo. Es inadmisible que las personas residentes hayan sido «olvidadas» por el Ayuntamiento una vez que se ha producido el apuntalamiento”, manifiesta Borja Peláez, miembro de IU y candidato de la coalición a la alcaldía de Torrelavega.

Por su parte, Pablo Gómez, candidato de Podemos y número dos de la coalición, señala que “resulta paradójico que el Gobierno de Cantabria, que es quien ha provocado esta situación, eluda responsabilidades y tan sólo ofrezca a las familias una línea de ayudas con unos requisitos que ni tan siquiera cumplen”.

Desde la coalición subrayan que “las políticas sociales deben favorecer el bienestar y la calidad de vida de las personas, y el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental. Garantizarles que sus viviendas van a ser reparadas es una obligación, y cualquier actuación en otro sentido sólo pone en evidencia una clara inacción por parte de nuestra clase política. Es deplorable que tengan tiempo para actos de precampaña y no dispongan de un minuto para resolver los graves problemas de estos vecinos y vecinas”.

“Es urgente que el Ayuntamiento que proceda a realizar un informe sobre el apuntalamiento del edificio y que lleve un seguimiento concienzudo del estado del mismo”, sentencia Peláez, añadiendo que “lo que no es de recibo es que, además de no ayudarles, el consistorio reclame a la comunidad de vecinos más de 4.300 euros por el mismo”.

Para finalizar, Gómez afirma que “tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria deben velar por la calidad en las viviendas de la ciudad, que han de cumplir los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad”.