Podemos propone una oficina pública que saque al mercado vivienda desocupada en el medio rural

Podemos propone una oficina pública que saque al mercado vivienda desocupada en el medio rural
Podemos propone una oficina pública que saque al mercado vivienda desocupada en el medio rural

Podemos propone una oficina pública que saque al mercado vivienda desocupada en el medio rural

La formación afirma que en el medio rural cántabro “no existe un problema de falta de vivienda pero si un problema de acceso a ella, por lo que pide medidas imaginativas y urgentes para sacar al mercado viviendas desocupadas y aprovechar así la demanda generada por el COVID-19”


Podemos Cantabria ha reclamado hoy al Gobierno liderado por Miguel Ángel Revilla medidas urgentes para sacar al mercado las miles de viviendas semiabandonadas que existen en el medio rural cántabro, para tratar de ganar población tras el interés que despiertan los pueblos tras el COVID 19.

 

La formación morada afirma que las estadísticas hablan de que “el 70 % de las viviendas vacías se encuentran en el medio rural y sin embargo la oferta de viviendas en el mercado es prácticamente nula”. Los factores que impiden la salida al mercado son múltiples: muchas son herencias en manos de varios herederos que por distintos motivos deciden no venderla o alquilarlas, otras tienen más valor sentimental que económico. El caso es que la oferta es muy pequeña y por ello además los precios son elevados.

 

Podemos cree que “los ayuntamientos no disponen de las herramientas necesarias para actuar”, por lo que la oficina propuesta “ayudaría a los pequeños ayuntamientos a llevar a cabo las iniciativas que para ellos son imposibles,  ya que se encargaría de mediar entre comprador y vendedor para lograr un trato justo para ambos, y proporcionaría beneficios fiscales para animar a los vendedores a sacar sus viviendas al mercado”.

 

Pablo Gómez, secretario de Medio Rural de Podemos en Cantabria, afirma que “hay muchas posibilidades: se pueden hacer incrementos progresivos del IBI, fomentar el alquiler colaborativo que permita a los inquilinos vivir a cambio de reformas, o cambios de titularidad forzosas por parte del ayuntamiento para evitar ruinas, pero todo esto es muy complicado para ayuntamientos sin recursos”. Para Gómez, “en última instancia se podría llegar a la expropiación”, y subraya que “no ponemos ningún reparo a que una empresa privada expropie nuestros montes para llenarlos de aerogeneradores, pero nos asusta expropiar una vivienda que se está cayendo para darle una nueva vida”.

 

Gómez señala que muchos ayuntamientos ni siquiera pueden cobrar el IBI a las viviendas desocupadas ya que “están en manos de herederos de segunda y tercera generación, por lo que al ayuntamiento le cuesta más el trámite de localizarlos que lo que va sacar del IBI, y si no les cuesta nada tener la vivienda y no tienen ningún incentivo para venderla, lógico que no salga al mercado”.


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