Podemos Cantabria

Podemos demanda la elaboración de un estudio económico para la implantación de la IGP de la anchoa del Cantábrico

Podemos demanda la elaboración de un estudio económico para la implantación de la IGP de la anchoa del Cantábrico

Podemos demanda la elaboración de un estudio económico para la implantación de la IGP de la anchoa del Cantábrico

La iniciativa permitirá conocer el coste del registro y sus beneficios, asegurando la actividad durante todo el año y por tanto, los contratos de las trabajadoras

Podemos Cantabria ha presentado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de Cantabria a que elabore un estudio económico, técnico y humano sobre la implantación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, un sello de calidad que destaca la producción y elaboración de este producto en nuestra tierra.

El diputado de Podemos Cantabria, José Ramón Blanco, ha señalado esta mañana que el estudio permitirá evaluar, entre otras medidas, aspectos como el coste final que tendría para las empresas la realización de todos los trámites que implica el registro de la IGP; analizar las plantillas existentes en las conserveras de Cantabria, es decir, su composición, tipos de contratos, jornadas laborales, salarios o antigüedad y su comparativa con las plantillas existentes en empresas similares de otras comunidades e incluso de otros países. Además, el estudio podrá arrojar luz sobre los costes y beneficios en relación a la implementación de medios técnicos, si fuesen necesarios, tras la aplicación de la IGP.

Para Blanco, “con un estudio de estas características todo el sector, desde los pescadores, las trabajadoras y las conserveras, tendría muy claro las grandes ventajas que tiene la creación por una fin de una IGP de la anchoa del Cantábrico”. Además, ha recordado que medidas como ésta permitirán luchar para evitar la deslocalización de los procesos de producción y como consecuencia, asegurar al empleo de las trabajadoras de las conserveras durante todo el año, ya que actualmente sufren contratos laborales fijos-discontinuos y salarios cada vez menores.

El diputado ha recordado que el Gobierno lleva casi 17 años para poner en marcha este sello de calidad, por lo que ya ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y trabajar con datos reales para garantizar el éxito de esta iniciativa. “El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y la Oficina de Calidad Alimentaria, necesita un empujón para llevar a cabo tan importante laboral, que afectará no sólo a un producto excepcional y a las empresas que lo fabrican, si no también a todas las trabajadoras de la industria, que verán asegurada la actividad todo el año, y por tanto, también sus puestos de trabajo”.

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