Podemos Cantabria

Podemos lleva al pleno una propuesta para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia

Podemos lleva al pleno una propuesta para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia

Podemos lleva al pleno una propuesta para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia

Verónica Ordóñez, acompañada de cuatro trabajadoras de la ayuda a la dependencia, ha dado una rueda de prensa para presentar la moción que se debatirá en el pleno del 14 de mayo y que ha sido consensuada con ellas. Esta propuesta viene de las peticiones que de manera reiterada han realizado las trabajadoras de la dependencia al Gobierno de Cantabria, que tienen que ver con las condiciones de trabajo que las precarizan y afectan al servicio que se presta a los dependientes de Cantabria.

“Reclamamos al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España, cada uno en sus relativas competencias, respeten lo establecido por la ley de dependencia estatal y garanticen los cuidados de las personas dependientes en Cantabria, pero también que tengan en cuenta la situación específica de las trabajadoras del sector: un sector precarizado, en el que no se respetan sus derechos laborales, que no tienen derecho a conciliación laboral, no tienen calendario laboral o EPIS”, ha señalado Verónica Ordóñez quien también ha recordado a Miguel Ángel Revilla que “si hablamos de llevar a otras comunidades este modelo de servicio, ha de ser un sector que genere puesto de trabajo que no sean precarios”

Rosa Martínez, auxiliar de domicilio representante independiente del colectivo de las trabajadoras, ha expuesto la situación en la que se encuentran las trabajadoras en la comunidad desde que se externalizó el servicio en la legislatura 2011-2015, gobernando en Cantabria el PP de Ignacio Diego. “Una privatización encubierta que ha provocado un deterioro progresivo del servicio en Cantabria. Deterioro de la atención a los dependientes y deterioro de las condiciones laborales de las mujeres que prestan este servicio”.

Martínez ha explicado que cada tres años las trabajadoras son subrogadas por la administración a empresas multiservicios “a las que poco les importa la calidad asistencial ni nuestros derechos laborales, siendo su objetivo único conseguir ganancias económicas”.

Las trabajadoras piden al Gobierno de Cantabria que en los pliego de licitación se fije un techo económico al precio/ hora que garantice la calidad de la prestación del servicio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo. “Así evitaríamos las licitaciones a la baja que es lo que provoca que no se cumplan los pliegos de licitación, en que no se abonen los salarios, en que no se abonen los gastos de desplazamiento, en que no tengamos ropa de trabajo y EPIs reglamentarios, en que los domicilios carezcan de dotación de medios mecánicos que faciliten nuestra labor”.

En la moción se solicita que la Administración incluya en los pliegos de contratación un plus de penalidad para las trabajadoras del SAD; que se les reconozca como tiempo de trabajo efectivo el desplazamiento entre servicios y que se garantice que la empresa abona los costes derivados de estos desplazamientos como la gasolina y gastos de aparcamiento; calendarios de visitas y servicios en los que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, distinguiendo entre necesidades vitales y preferencias, de modo que estas últimas queden supeditadas al establecimiento de un horario de trabajo más normalizado para las trabajadoras del servicio; que se priorice a aquellas empresas que no estén o hayan estado incursas en procedimientos judiciales por incumplir la legislación laboral y de la seguridad social.

En lo referente a la Seguridad y salud en el trabajo ven necesario que se incluya expresamente en los pliegos la obligación de presentar un protocolo de prevención de riesgos biológicos, así como un protocolo específico para la gestión del riesgo de violencia por parte de terceros incluyendo de forma específica los medios para su efectiva aplicación.

Además incluyen que se realicen inspecciones periódicas por parte de la Administración con el fin de verificar que se cumplen efectivamente la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales y, a efectos del cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, que se incorpore en los pliegos que la entidad contratante deba facilitar a los usuarios que lo necesiten, camas articuladas y grúas que permitan la movilización de las personas que lo precisen, debiendo la Fundación comprobar el entorno del usuario antes de acometer el servicio. Para garantizar el efectivo cumplimiento de esta obligación, se incluirán igualmente cláusulas penales que incorporen sanciones cuyo coste sea al menos el triple del valor del servicio o material que hayan dejado de prestar o implementar.

En los pliegos se deberá incluir un plazo cierto y determinado para que la empresa presente a la Administración un calendario laboral en los términos contemplados en la sentencia del TSJ de Cantabria nº 217/2017 de 21 de marzo, incluyéndose en las cláusulas penales sanciones coercitivas para el cumplimiento de esta obligación, incluyendo la resolución de contrato.

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